Paraguay: Una victoria judicial sin precedentes derechos humanos


            Carlos Amorín
            Gerardo Iglesias
            © Rel-UITA
            26 de julio de 2004
            


Casi seis años después de que fueran contaminados por la empresa
 estadounidense Delta & Pine con miles de kilos de agrotóxicos, los
 campesinos de Rincon'í hacen en estos días una merecida pausa en su lucha para festejar que, finalmente, la justicia paraguaya falló a su favor en el juicio penal que iniciaran en noviembre de 1998.

Con fecha 14 de julio el juez Penal, de Liquidación y Sentencia de Paraguarí, doctor Germán Torres, resolvió: “Tener por probada la
existencia del hecho punible contra el medio ambiente y de
procesamiento ilícito de desechos, y la participación del acusado
Nery Guzmán Rivas en calidad de autor directo y de Julio César
Chávez en calidad de cómplice en la perpetración del hecho”.
            
El ingeniero agrónomo y funcionario de confianza de la Delta & Pine
Nery Rivas fue condenado a dos años de prisión en calidad de
responsable directo, y Chávez, el propietario del terreno donde se
abandonó la basura tóxica, a 15 meses de prisión. Ambas penas
quedaron suspendidas “a prueba durante tres años” según lo habilita
la ley paraguaya en situaciones especiales, lo que implica, en este
caso, una multa de aproximadamente 30 mil dólares entre ambos, la
prohibición de salir del país y cambiar de domicilio sin autorización judicial y la obligación de presentarse al juzgado cada cuatro meses. Este régimen deberá ser estrictamente respetado durante tres años por los condenados, y en caso contrario podrán ser conducidos a la cárcel para que cumplan la totalidad de la pena de prisión.
                  
No menos importante es otra resolución incluida en la sentencia del
juez Torres por la cual permanecerá abierto este proceso en relación
con el estadounidense Eric Lorenz, representante en Paraguay de la
Delta & Pine Company, quien huyó del país poco después del crimen y que ahora es declarado formalmente “en rebeldía” por la justicia
paraguaya.
            
Por otra parte, el dictamen consideró que no hay pruebas suficientes
en el expediente que permitan relacionar la muerte de Agustín Ruiz
–fallecido un mes después de la contaminación– con la presencia de
las semillas envenenadas en Rincon'í, desestimando la posición de
los fiscales que solicitaron la condena de ambos acusados por “homicidio culposo”.
            
Finalmente, el juez Torres estimó necesario que se integre una comisión bipartita entre los vecinos afectados por la contaminación y representantes del Ministerio de Salud Pública para que se administre de forma conjunta el dinero proveniente de la multa que tendrán que pagar los acusados y que deberá utilizarse en lo que esa comisión determine.
            
Los condenados no hicieron uso del derecho a apelación, y el plazo
para hacerlo ya expiró, por lo que la sentencia debe considerarse
como definitiva.
            
Puede decirse, por lo tanto, que la victoria judicial de los vecinos
de Rincon'í ha sido total, contundente y sin ambigüedades. Según
algunos especialistas, esta es inclusive la primera vez en América Latina que se produce una condena penal por un delito ambiental intencional, lo que coloca la lucha de estos campesinos en un sitio ejemplar.
            
Ana María Segovia, portavoz del grupo de pobladores afectados por la contaminación, ha sido su alma mater, y también el símbolo de la resistencia, de la rebeldía y del coraje de su comunidad, tres características muy identificadas con la idiosincrasia paraguaya. Poco se ha dicho sobre esto para no cebar a la fieras, pero estos seis años no fueron de espera sino de lucha constante contra las amenazas veladas o directas, contra las manipulaciones que por momentos lograron dividir a las víctimas, contra las dificultades y limitaciones económicas que imponían frustraciones e impotencia, contra abogados desleales que terminaron trabajando para los adversarios y casi logran hacer naufragar todo el juicio, afortunadamente sustituidos a tiempo, y a veces contra las propias dudas y debilidades que traían desazón e impotencia. Hubo quienes entregaron su tiempo y su energía para enfrentar estas adversidades, hubo quien puso su dinero, quien acercó una mano solidaria, un abrazo fraterno o una palabra de aliento, y fueron muchos y muchas, pero hubo alguien que puso su vida entera a disposición, comprometiéndose en esta lucha completamente, como integrante de su comunidad, como madre, como mujer y como persona, y esa es Ana María Segovia.
            
“Es un día feliz –dice hoy Ana María– porque después de tanto tiempo, de tanta lucha y sufrimiento hemos llegado al objetivo que nos habíamos planteado junto con mi comunidad: probar que fuimos víctimas de un acto ilegal y que los responsables fueran castigados. Hubiésemos deseado que las condenas fuesen más severas, más en concordancia con el daño que hemos sufrido y que seguramente continuaremos padeciendo, ya que los efectos de la contaminación en nuestra salud y la de nuestros hijos se verán también a largo plazo. Pero igualmente estamos satisfechos porque creemos que se hizo justicia, por lo menos con los acusados paraguayos. Ahora habrá que pensar cómo haremos para que el señor Lorenz enfrente sus responsabilidades, y también comenzaremos a prepararnos para un próximo juicio civil. En nombre de mi comunidad quiero agradecer a todas las personas e instituciones que nos apoyaron en esta lucha, y especialmente al Pai Oliva que siempre nos alentó a continuar luchando, a la prensa paraguaya que nos brindó espacios y atención constantes, a los que no quieren ser nombrados y a la secretaría regional de la UITA, sin la cual nunca hubiésemos podido llegar hasta acá”.
            
            


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