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Posada Carriles: una brasa en las manos
para Bush
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Edición : 1704 Publicado : 18/05/2007
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REGIÓN
- Incierto futuro de Posada Carriles en
EEUU
- Cuba y Venezuela lo exigen; y ningún
país lo quiere
- Cinco décadas de violenta historia marcana
Posada Carriles; Guatemala,
centro de operaciones
Héroe para el exilio cubano
y terrorista para muchos, Luis Posada Carriles fue dejado en libertad tras dos
años en prisión por violación de leyes migratorias de Estados Unidos (EEUU). La
resolución judicial, que fue protestada por varios gobiernos latinoamericanos,
ha puesto de manifiesto la doble moral de la administración de George W. Bush
en el tema del terrorismo y hoy su gobierno se
enfrenta al dilema de qué hacer bajo la presión de los demócratas y la poderosa
comunidad cubana en Miami.
Envuelto en un manto de conspiraciones y acciones encubiertas en la región,
desde la década de los 60, Posada Carriles, sin embargo, sigue a la espera de
que se le abra juicio en Nueva Jersey por acciones terroristas en Cuba. Al
mismo tiempo, se hace todo lo posible para que el caso no trascienda a los
linderos donde yace un historial en el que destaca el atentado contra un avión
cubano en 1976, y una variedad de acciones terroristas en Cuba, en 1997. Pero ?los caminos
del guerrero? como reza el título del libro autobiográfico
que Posada Carriles escribió en 1994, también están marcados por un legado
violento en el istmo. Gobiernos y grupos de poder fueron sus protectores y
benefactores, y Guatemala fue uno de los escenarios preferidos del anticastrista.
EEUU, ATRAPADO EN SUS
PROPIAS REDES
Tras dos años detenido en un
centro migratorio de El Paso, Texas, el cubano-venezolano Luis Posada Carriles
fue liberado el 19 de abril, tras el pago de una fianza de US$350 mil, y aunque
debía presentarse el 11 de mayo a esa ciudad,
para la apertura del juicio por violar las leyes migratorias
estadounidenses, al final una sorpresiva e inesperada decisión de la jueza
texana Kathleen Cardone, tomada el 8 de mayo, lo puso en libertad plena.
Por ahora, esa decisión está
a la espera del
recurso que pueda interponer la fiscalía contra su liberación. Pero además,
Posada Carriles está pendiente de un juicio en Nueva Jersey por los envíos de
dinero de exiliados cubanos para preparar y cometer una serie de atentados con
bombas en hoteles de La Habana, en 1997.
Igualmente, la semana
pasada, varios congresistas demócratas le pidieron al presidente George W.
Bush, que tome las medidas para capturar a Posadas Carriles bajo los cargos de
terrorismo. El congresista Bill Delahunt, de Massachusetts, declaró que Posada
Carriles es «uno de los asesinos más notorios del hemisferio occidental»,
agregando que si EEUU no toma las medidas legales para detenerlo y llevarlo a
la justicia, se enviará el mensaje de que Bush cree en el viejo dicho «lo que
es un terrorista para unos, es un combatiente por la libertad para otros.»
Delanhunt informó que el caso de Posada Carriles se evaluará en una sesión especial
en el Congreso, quizá en junio, y ya existe un acuerdo bipartidario al
respecto. El largo período de detención se debió a que ningún país
latinoamericano quiso aceptar la deportación de Posada Carriles.
De acuerdo con el expediente
del caso, cuando Posada Carriles fue capturado en mayo de 2005, éste dijo que
viajó desde Honduras a través de Belice y luego se internó a los Estados Unidos
por Matamoros, México. Pero la investigación del
gobierno federal norteamericano indica que ingresó por mar a bordo del barco Santrina y no
por tierra. Las acusaciones contra Posada Carriles eran por dar información
falsa a las autoridades de migración, además de usar un pasaporte guatemalteco
a nombre de Manuel Enrique Castillo López, presentarse con un alias y tener cómplices
en el barco Santrina. (Ver Cuadro)
Las acusaciones que hizo el
gobierno federal norteamericano buscaban entorpecer los trámites de los
abogados de Posada Carriles, quienes quieren que se le otorgue asilo político,
argumentando que es ex colaborador de la Agencia Central de Inteligencia (CIA,
por sus siglas en inglés), a pesar de que enfrenta cargos de terrorismo en
otros países. El gobierno federal sólo perseguía enjuiciarlo por su entrada
ilegal al país, y no por actos terroristas. Tampo reconoce la participación de
Posada Carriles con la CIA después de 1976, contrario a lo que exponen los
abogados.
Posada Carriles es el centro de una vieja
disputa que arrastra importantes figuras políticas y gobiernos. El gobierno
venezolano exige su extradición tras fugarse de una prisión venezolana en 1985,
donde estaba detenido acusado de ser el autor intelectual del estallido de un
avión cubano en Barbados, en 1976, y donde murieron 73 personas. Al igual, el
gobierno cubano lo requiere por ese caso, y por los atentados con explosivos en
centros turísticos en Cuba,
en 1997, del cual también se le responsabiliza
como autor
intelectual.
Pero el gobierno
estadounidense niega las peticiones de extradición, a las que se incluye la del gobierno de Nicaragua
que acusa a Posadas Carriles de ser una figura emblemática en el suministro de
armas a la contrarrevolución nicaragüense, en el marco del
escándalo Irán-Contras, en la década del
80.
A pesar de su puesta en
libertad, hoy en día los fiscales federales de Nueva Jersey
lo investigan por su participación en los atentados de 1997. Y eventualmente,
se le puede abrir un juicio en ese Estado pues una investigación que realizó el
Federal Bureau of Investigation (FBI, por sus siglas en inglés), hace algunos
años, considera que desde algún lugar de Nueva Jersey se transfirieron
ilegalmente US$19 mil a Guatemala y El Salvador para financiar esas acciones
terroristas.
Para el gobierno estadounidense,
el caso es una brasa en las manos. El caso tiene amplios y delicados alcances,
que tocan a George H. W. Bush (padre del actual mandatario) director de la CIA
en 1976, cuando se atentó contra el avión cubano, y se supone que Posada
Carriles todavía trabajaba para la CIA, que lo reclutó desde la fallida
Operación de Bahía de Cochinos para la invasión a Cuba. «Posada Carriles es un
hijo y engendro del imperio (estadounidense),
el imperio lo apañó, lo entrenó y le sabe mucho al imperio», plantea el
embajador de Cuba
en Panamá, Carlos García.
CONEXIÓN GUATEMALA
Entre los involucrados de
haber ayudado a Posada Carriles a ingresar ilegalmente a EEUU, se encuentra el
millonario cubano Santiago Álvarez y su empleado también cubano, Óscar Mitat.
Tanto Álvarez como
Mitat están presos, condenados en noviembre de 2006 a cuatro y tres años de prisión
respectivamente, por tenencia de un lote de armamento. Ambos recibieron una
reducción de penas la semana pasada, tras haber entregado otro lote de armas a
las autoridades. El armamento, que se ha dicho serviría para acciones contra el
gobierno de Fidel Castro, es un tema que no se incluyó en el juicio que se les
libró después de su captura en noviembre de 2005.
Álvarez, de 64 años, es un
prominente miembro del exilio cubano de Miami, promotor de bienes
raíces y benefactor de Posada Carriles. Álvarez fue quien financió a Posada
Carriles su defensa legal en Panamá cuando fue acusado y posteriormente
convicto por conspirar para asesinar a Castro en 2000. También fue quien le
buscó un abogado en Miami
cuando Posada Carriles llegó a EEUU ilegalmente en marzo de 2005, y el gobierno
cubano asegura que fue Álvarez quien lo llevó a EEUU a bordo de un barco
privado. El empresario también está acusado de recibir un pasaporte
guatemalteco falso y una cédula de identidad falsa a su nombre, según la
Fiscalía de Miami.
De acuerdo con la
declaración jurada de dos agentes federales, la investigación contra Álvarez
comenzó el 2 de noviembre de 2005, cuando se interceptó un paquete dirigido al
empresario con esa documentación. En un allanamiento a las oficinas de Álvarez,
agentes hallaron un correo electrónico dirigido al empresario en el que alguien
le comunicaba tener el apoyo del «jefe de la Oficina de Pasaportes de
Guatemala» para venderle los documentos de identidad, según la declaración.
El funcionario de migración
guatemalteco era en ese entonces Juan Fidel Pacheco Coc, quien en diciembre de
2005 supuestamente fue destituido según denunciaron el entonces
director-interventor de la Dirección General de Migración (DGM), Fernando Sosa,
y el entonces ministro de Gobernación, Carlos Vielmann. Sin embargo, meses
después Pacheco Coc seguía laborando en ese lugar con otro cargo.
Hace un año, la encargada de
recursos humanos de la DGM, Zoila Gordillo, indicó que Pacheco Coc nunca fue
destituido (Siglo Veintiuno, 17/4/06). El funcionario ha sido secretario
general del
sindicato de la DGM, y además de recibir amenazas de muerte por años, también
es acusado de corrupción. Durante ese mismo período de tiempo a Posada Carriles
también se le extendió el pasaporte falso de Guatemala que llevaba consigo
durante su ingreso ilegal a EEUU y el cual ocultó.
El FBI también está
trabajando conjuntamente con el gobierno cubano en la investigación de los
atentados de 1997. En el contexto del juicio
que debió abrirse el 11 de mayo, se dio a conocer un documento del FBI que revela detalles sobre la investigación de
EEUU acerca de los lazos del
militante anticastrista y una ola de ataques dinamiteros en La Habana entre
abril y octubre de 1997, en los que murió un turista italiano en un hotel.
En ese informe, que es parte
de una investigación iniciada en 1998 y engavetada en 2003, se indica que
existieron explosivos escondidos en zapatos y botellas de champú; tiene
registro de miles de dólares transferidos electrónicamente desde Nueva Jersey a
Guatemala y El Salvador y contiene una nota en un portafolio en la cual dice
que ?el tirano tiene que ser eliminado? aún cuando muera gente inocente.
Aunque diversos medios de
comunicación presentan el informe como
?nuevo?, e incluso el documento omite nombres e identifica a testigos con
códigos, en realidad esa información ya había trascendido años antes con nombre
y apellido. Los diarios estadounidenses The Miami Herald (6 de junio de 1998) y
The New York Times (12 de julio 1998), dieron detalles del caso.
A quien el informe del FBI
identifica como fuente confidencial CS-1 (en inglés), en realidad esos medios
de prensa lo identificaron como Antonio Jorge Álvarez, un empresario cubano
estadounidense que llegó a Guatemala en 1996, contratado por la empresa WRB
Enterprises, con sede en Tampa, Florida.
El objetivo de la empresa
era la construcción de plantas de energía eléctrica en Chiquimula, pero dos
años después, el proyecto fracasó. Sin embargo, en ese período de tiempo,
Álvarez informó al FBI, y a las agencias de inteligencia de Guatemala y
Venezuela, de haberse enterado que Posada Carriles estaba trabajando muy de
cerca con dos de sus empleados para gestar acciones terroristas en Cuba y
atentar contra Fidel Castro en Venezuela. Los empleados de Álvarez
eran el cubano exiliado, radicado en Guatemala, José Francisco Álvarez y el
militar guatemalteco José Burgos, quien estaba retirado después de trabajar con
el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y servir de seguridad de la familia de un
expresidente, a quien no se identifica.
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UNA HISTORIA CONSPIRATIVA
Posada Carriles tiene una
larga trayectoria conspirativa. Sus acciones encubiertas las concentró en
Centroamérica tras exiliarse y nacionalizarse venezolano. Guatemala fue uno de
sus centros de operaciones más importantes, quizá porque desde principios de
los años 60 tejió sus redes al ser partícipe del bloque de cubanos exiliados
que la CIA entrenó en Guatemala para la invasión de Bahía de Cochinos, según se
desprende de documentos desclasificados de la CIA que la organización
estadounidense National Security Archive dio a conocer en 2005 y mayo de 2007 (http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB218/index.htm).
Posada Carriles fue entrenado
en demolición con explosivos en el campamento de San Juan Acul, Petén, que la
CIA junto al finquero Roberto Alejos Arzú, construyó en 1960 (Revista Time,
28/4/61). Tras el fracaso de la invasión se quedó en Guatemala. ?En 1962 trabajaba en el
edificio de la Editorial del Ejército, zona 1, donde operaba la cárcel
clandestina del Departamento de Investigaciones Especiales, dirigida por un
oficial del Ejército de Guatemala con asesoría norteamericana.? , afirmó
recientemente el ex comandante guerrillero guatemalteco y columnista de prensa,
César Montes (Siglo Veintiuno, 11 de mayo de 2005).
Ya como agente de la CIA, en
mayo de 1965, Posada Carriles junto a un grupo de cubanos exiliados participó
en un complot para derrocar al presidente de facto, general Enrique Peralta
Azurdia. El complot era fraguado por Alejos Arzú, desde Miami,
empresario con quien tuvo estrechas relaciones y quien ofreció su finca Helvetia y otras propiedades para el entrenamiento de los
cubanos. (http://www.gwu.edu/%7Ensarchiv/NSAEBB/NSAEBB153/19650517.pdf.)
En 1969, se dirige a Venezuela y colabora con la reestructuración de
los aparatos de inteligencia y la lucha contrainsurgente durante el gobierno del democristiano Rafael
Caldera. Asume importantes cargos dentro de la Direccion General de la Policía
(DIGEPOL) la cual posteriormente se llamará Dirección de los Servicios de
Inteligencia y Prevención (DISIP), de la cual saldrá en 1975 tras el cambio del
gobierno. En la DISIP conoce a Víctor Rivera, actual asesor del
Ministerio de Gobernación de Guatemala.
Tras el derribo del
avión cubano en 1976, estuvo detenido entre ese año y 1985, cuando se fugó.
Posada reaparece en El Salvador, en 1985, con la identidad de Ramón Medina, trabajando para
una compañía encubierta de la CIA: Southern Air Transport. Es el jefe del grupo que se instala
en el aeropuerto de Ilopango, desde donde salen los vuelos clandestinos que
suministran armamento a la Contra nicaragüense. Ahí se reúne frecuentemente con
el coronel Oliver North, quien viene de EEUU a supervisar la operación. La
operación encubierta sale a luz cuando los sandinistas derriban, el 5 de
octubre de 1986, uno de los aviones.
El piloto, William Cooper,
muere. Su asistente, Eugene Hasenfus, logra salvarse y es capturado por los
nicaragüenses. El escándalo Irán-Contras estalla y pone contra la parted al
gobierno de Ronald Reagan (Inforpress, 30/10/86).
En el libro «Powderburns
Cocaine, Contras And The Drug War», que apareció en 1994, su autor, el ex
agente de la Agencia para el Control de Drogas (DEA), Celerino Castillo III,
relata que «Cuando me designaron como agente de la DEA en Centroamérica,
todavía recuerdo haber visto a Luis Posada y Félix Rodríguez y otro terrorista
americano, en la base aérea de Ilopango, El Salvador. Junto a ellos estaba el
agente de la CIA y asesor venezolano Víctor Rivera. Ellos eran parte de lo que
se conocía como
un aparato de la CIA que no respondía a nadie. Ellos estaban involucrados en el
tráfico de drogas, secuestros y entrenamiento de escuadrones de la muerte.»
(traducción libre).
En su libro autobiográfico,
«Los caminos del guerrero», Posada
Carriles afirma que Rivera se desempeñaba como
jefe del grupo de asesores venezolanos que capacitaban
a la policía salvadoreña durante el gobierno del democristiano Napoleón Duarte. La
capacitación era financiada por la Fundación Konrad Adenauer. «Rivera fue
expulsado del grupo de asesores y tuvo que
irse de El Salvador;
la muerte de un instructor venezolano y de un guerrillero salvadoreño
provocaron gran escándalo. Se descubrió que los venezolanos no sólo impartían
enseñanza sino que también trabajaban con la policía. Una sustracción de fondos
puso término a la estancia de Rivera en el país.» (Capítulo 19e Inforpress,
2/3/07).
La salida de Rivera y el
escándalo Irán-Contras, obligaron a Posada Carriles a retirarse de Ilopango,
pero inmediatamente pasó a trabajar con los asesores venezolanos. En 1988, tras
la derrota electoral del Partido Demócrata Cristiano, se retira de El Salvador,
y se refugia, según su libro, en Guatemala donde se hace cargo de la seguridad
de la empresa estatal Teléfonos de Guatemala (GUATEL), gracias a la amistad que
tiene con el entonces director Francis Ramírez, a quien también le brinda
seguridad y que había conocido en El Salvador, según ha declarado el ex
presidente Vinicio Cerezo, hoy diputado (Capítulo 20. Europa Press y AFP,
25/11/00).
En 1995, Francis Ramírez fue
capturado en EEUU y acusado de lavado de dólares a través de la Empresa
Eléctrica de Guatemala (EEGSA). Fue condenado a cuatro años de prisión, por el
envío de US$81 mil a EEUU. En El Salvador
también entabló amistad con el entonces embajador de Guatemala, Leopoldo Urrutia.
Cuando ocurrió el asesinato
en Guatemala del dirigente socialdemócrata de El Salvador, Héctor Oquelí
Colindres, en enero de 1990, se conjeturó que la autoría era obra de Posada
Carriles, quien operaba bajo el pseudónimo de Juan José Rivas López, y de
manera encubierta como miembro del grupo de asesores del democristiano
Instituto Venezolano de Educación Popular que apoyaba al gobierno de Cerezo.
Por medio de este instituto también llegó Víctor Rivera a El Salvador en 1983, para capacitar
a la policía salvadoreña.
Un mes después de ese asesinato,
Posada Carriles sufrió un atentado en Guatemala que casi le cuesta la
vida. Posada Carriles acusó del hecho a la
inteligencia cubana, que se habría apoyado en los militares guatemaltecos
Francisco Ortega Menaldo y César Augusto Cabrera Mejía (más conocido como Nito Cabrera)
?Capítulo 20-.
En esos días Ortega Menaldo
era el director de Inteligencia Militar, y Cabrera Mejía sub director. Este
último asumió la dirección en mayo de 1990, y se le vinculó al asesinato de la
antropóloga Myrna Mack. Mientras a Ortega Menaldo, de quien se dice fue agente
de la CIA, hoy en día se le señala de ser uno de los altos
jefes del
crimen organizado.
Tras el atentado, se puso en
evidencia la presencia en Guatemala de Posada Carriles. La intervención
inmediata de Francis Ramírez y del director de Aduanas, Rolando Castro, logró
que fuera internado de emergencia en el hospital privado El Pilar, y según
Posada Carriles, una parte de los gastos médicos fueron pagados por el gobierno
de Cerezo (Capítulo 20 y The Miami Herald, 13/5/90). El mandatario, afirma
Posada Carriles, comisionó al jefe de seguridad de palacio, Henry (a quien se
identifica sólo con ese nombre), para que organizara la seguridad en el
hospital.
Fuentes diplomáticas
aseguraron en aquel momento que Posada Carriles pertenecía a un equipo de
expertos en espionaje al servicio de Cerezo, independiente al ministerio de
Gobernación y de la Policía Nacional. Incluso, trascendió que Posada Carriles
era miembro de la seguridad del mandatario, y que ese equipo era financiado por
donaciones provenientes de la entonces Alemania Occidental y un fondo manejado
discretamente por el propio Cerezo (The Miami Herald, 13/5/90). Cerezo
desmintió todo.
Días después del atentado, y ya recuperado de las heridas, Posada
Carriles viajó a Honduras.
Entre 1994 y 1995, ocurrieron serios atentados en ese país, destinados a
desestabilizar al gobierno de Carlos Roberto Reina, según publicó The Miami
Herald en 1997 (Inforpress, 10/10/97). Los atentados fueron organizados por
cubanos exiliados con el apoyo de militares hondureños, que buscaban presionar
al gobierno para abrir en Honduras
un frente de ataque contra Cuba.
En esos hechos Posada Carriles jugó un papel fundamental.
Después de esas acciones,
retornó a El Salvador y Guatemala donde comenzó a organizar los atentados de
1997 en Cuba.
En El Salvador,
con el nombre de Franco Rodríguez Mena, Posada Rodríguez reclutó a Ernesto Cruz
León y Otto Rodríguez Llerena, para realizar los atentados. Ambos fueron
capturados meses después y hoy purgan largas condenas en Cuba. A Cruz
León se le recuerda por haber integrado una peligrosa banda de ladrones de
vehículos y a Rodríguez Llerena, al momento de su reclutamiento, por ser jefe
de seguridad de la distribuidora de vehículos DIDEA, propiedad de la familia
Poma, una de las más influyentes de El Salvador (Inforpress, 9/4/99).
Sin lograr su gran objetivo
de derrocar al gobierno de Castro, fraguó intentos de asesinato contra el
mandatario cubano en Venezuela,
República Dominicana y Panamá. En este último país fue capturado en 2000, luego
que la inteligencia cubana descubriera un complot contra Castro en el contexto
de la Cumbre Iberoamericana de presidentes (Inforpress, 1 y 8/12/00). Posada
Carriles fue capturado con documentación legal extendida por autoridades
migratorias salvadoreñas, bajo el nombre de Rodríguez Mena. El gobierno
salvadoreño de Francisco Flores cargó con un elevado costo político por este
caso.
Tras pasar cuatro años
detenido, junto a otros cubanos acusados, la entonces mandataria Mireya
Moscoso, previo a dejar el poder, indultó a Posadas Carriles al igual que al
resto. En agosto de 2004, es liberado y, supuestamente, viaja a Honduras, desde
donde organiza su retorno a Estados Unidos, donde buscará asilo político para
evitar cualquier intento de extradición.
Cuba y Venezuela rompieron
entonces relaciones diplomáticas con Panamá, pero se reanudaron con el actual
gobierno de Martín Torrijos.
Por ese caso, está por
abrirse una querella contra Moscoso y otros funcionarios, aunque lo más
relevante es la grabación de una conversación entre Moscoso y agentes
estadounidenses en Miami, y los señalamientos contra la hermana de la ex
mandataria, Ruby Moscoso, a quien se le acusa de haber recibido US$ 4 millones
como parte de la negociación para indultar a Posada Carriles.
También se está a la espera
que la Corte Suprema de Justicia de Panamá resuelva un fallo ante una petición
de inconstitucionalidad por el indulto, y en caso de resolverse a favor de los
abogados querellantes, se solicitará la extradición de Posada Carriles.
«La Corte debe eliminar los
indultos porque no eran delitos políticos por los que fueron acusados sino
comunes», dijo el abogado Julio Berríos, ex asesor de la cancillería, y quien
fungió como
parte acusadora en el juicio contra los anticastristas en 2003.
Entre los varios implicados
en el caso y a quienes también se les abrirá una querella, aparecen el ex
ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona, el mayor de la Policía
Nacional, Casto Amor Ramos, la ex directora de Migración, Ilka Barés, el ex
jefe de la Policía Nacional, Carlos Barés, el ex director del Departamento de
Información e Investigación de la Policía, Arnulfo Escobar y el ex subdirector
de Migración, Javier Tapia.
Luis Solano
Inforpress
www.inforpressca.com
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