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GUATEMALA/EL SALVADOR
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Crimen contra diputados y policías demuestra connivencia de autoridades de
seguridad
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Otto Pérez Molina: escuadrones de la muerte operan al interior de la PNC y el
Ministerio de Gobernación
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Analistas señalan descomposición de un Estado capturado por el crimen
organizado
El asesinato de tres diputados
salvadoreños y su chofer, y la posterior ejecución de cuatro policías
guatemaltecos sindicados por las autoridades guatemaltecas de ser los autores
materiales del
crimen, evidenció el colapso de un Estado capturado por poderes ocultos y
aparatos clandestinos. Los agentes integraban una unidad para combatir el
crimen organizado. Con su muerte se puso en alto riesgo el proceso judicial
en el que eran testigos claves para la investigación de la muerte de los
parlamentarios. La brutalidad de la ejecución de los agentes policiales – los
cuerpos presentaban heridas de bala de alto calibre y fueron degollados – y
la imposibilidad de que el crimen se haya cometido sin la connivencia de las
autoridades penitenciarias ha despertado sospechas de que la matanza, en
realidad, fue cometida por escuadrones de la muerte que operan al interior de
la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio de Gobernación. Sin embargo,
las máximas instancias de seguridad no reconocen, por ahora, esas
presunciones (ver nota en esta edición).
SE
ABREN NUEVOS HOYOS PARA TAPAR OTROS . Los agentes policiales Luis Arturo Herrera López, José Korki
López Arreaga, José Adolfo Gutiérrez y Marvin Langen Escobar Méndez fueron asesinados dentro del penal
de máxima seguridad El Boquerón , Santa Rosa, el 25 de febrero.
Tras el crimen se barajaron varias
hipótesis. En primera instancia, un grupo de pandilleros se atribuyó el
crimen, aduciendo que no querían dentro del penal a agentes de la Policía Nacional
Civil ( PNC) comprometidos con la
represión a las pandillas. El temor a que se produjera una limpieza social,
les hizo montar un motín dentro del
presidio. Sin embargo, otros reclusos y familiares que se encontraban de
visita, aseguran que la guardia de presidios los sacó del penal minutos antes de que la visita
terminara, por la guardia de Presidios con el argumento de que harían una
requisa.
Poco después, se escucharon disparos
en el interior del
penal. Los testigos afirmaron que vieron entrar un auto a esa cárcel del cual descendieron
tres hombres ( Prensa
Libre , 26/2/07). Esto condujo a la hipótesis de que se trató de
un comando que actuó bajo un manto de impunidad total.
El caso tiene profundas implicaciones
políticas tanto en Guatemala
como en El
Salvador, ya que después de su captura los policías
asesinados habían declarado que fueron contratados para asesinar a los tres
diputados del Parlamento Centroamericano ( PARLACEN ) por un grupo de
narcotraficantes de Jutiapa, vinculados a una prominente figura política en El Salvador (
Siglo
Veintiuno , 24/2/07).
El crimen se registró horas antes de
que expertos de la Oficina Federal de Investigaciones estadounidense ( FBI , por sus siglas en inglés)
iniciaran pesquisas sobre el asesinato de los diputados y cuando se
aprestaban a interrogar a los policías.
El director de la PNC de El Salvador, Rodrigo Ávila , sostiene que los
asesinatos de los policías tenían como objetivo «evitar que se abra la caja de
Pandora y se descubran hechos muy graves ocurridos en Guatemala relacionados
con el crimen organizado». Ávila
, declaró a diversos medios de prensa que «No me cabe duda de que las
persona que asesinaron a nuestros diputados lo habían hecho antes con otras
personas. Se estaba abriendo una caja de Pandora y se ha querido tratar de
cerrarla, pero se debe hacer el esfuerzo por abrirla y se destape toda esa
corrupción» .
A las declaraciones del
gobierno guatemalteco que han sido confusas y contradictorias, se añaden las
diferentes versiones de los hechos presentados por los medios de comunicación
en Guatemala y El Salvador.
Un aspecto sobre el cual los medios
guatemaltecos han guardado silencio es la participación de la PNC salvadoreña en la captura de los
cuatro policías guatemaltecos, tal como el
presidente salvadoreño Elías Antonio
Saca dio a conocer en su estadía en Washington
D.C., esta semana. Esa
participación, se podría interpretar como una
muestra de la falta de control de las autoridades guatemaltecas en el manejo del caso.
ESCUADRONES
DE LA MUERTE : VERDAD
DE PEROGRULLO . La
versión inicial del Ministerio Público de
Guatemala ( MP), que apuntaba a un
grupo de pandilleros como
presuntos autores de la ejecución de los agentes detenidos, no tardó en
desmoronarse ya que parecía evidente que el asesinato sólo pudo haberse
cometido en connivencia con el sistema penitenciario.
La procuradora para la Defensa de los
Derechos Humanos de El Salvador, Beatrice
de Carrillo , expresó que «ninguna jefatura máxima de la policía se atrevería a
mandar un comando a una cárcel de alta seguridad» , y añadió que «hay algunos
con poder tan grande, que pueden permitirse este lujo y también que tienen
tanto miedo a la verdad que prefieren la consecuencia de un hecho como éste a
que se descubra la verdad» ( EFE , 26/2/07).
Pero el director de la PNC de El Salvador, Rodrigo Ávila , puso el dedo en la llaga cuando
aseguró, esta semana, que los policías formaban parte de un grupo que «tiene un
nivel estructural bastante poderoso» .
Un día después de los sucesos de El Boquerón ,
el candidato del Partido Patriota ( PP
), Otto Pérez Molina , declaró
en conferencia de prensa que existen dos escuadrones de la muerte dentro del
Ministerio de Gobernación: uno, al servicio del ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, y dirigido por uno
de sus principales asesores, cuyo nombre prefirió omitir; el otro, que opera
dentro de la PNC al servicio del
director general de la PNC , Erwin
Sperissen .
Uno de estos escuadrones, aseveró Pérez Molina , fue el encargado de
ejecutar a los cuatro ex agentes de la PNC
( La
Hora , 27/2/07) .
El candidato del PP,
quien presentó una denuncia contra el Ministerio de Gobernación ante el MP, ha sido señalado de aprovechar la
coyuntura con fines políticos.
Cabe recordar que Pérez Molina estuvo a cargo de la
Dirección de Inteligencia Militar ( D2
), entre 1992 y 1993, y se vio implicado en varios casos de violaciones
de derechos humanos cuando fue Jefe del Estado Mayor Presidencial ( EMP ) durante el gobierno de Ramiro de León Carpio .*
Hasta ahora, Pérez Molina se ha negado a nombrar a los presuntos implicados.
Sin embargo, en sus acusaciones se han dejado entrever denuncias no
corroboradas contra el subdirector de la PNC
, Javier Figueroa , y el
asesor del
Ministro de Gobernación, el venezolano-guatemalteco, Víctor Rivera (ver recuadro I).
Edgar
Gutiérrez , ex canciller bajo
la administración de Portillo y
candidato presidencial del Frente por la Democracia , dijo a Inforpress desconocer
pruebas que vinculen a Rivera con
escuadrones de la muerte, pero señaló que sus políticas «debilitaron
las instituciones de seguridad» al trasladar a entes privados
funciones irrenunciables del Estado en materia de inteligencia y seguridad. «Al final
crearon un «Frankenstein» que está dando señales, más allá de Guatemala, de
su irresistible impunidad ,» sostiene Gutiérrez .
Al final, la existencia de
estructuras paralelas y escuadrones de la muerte, parecen finalmente salir a
luz (ver recuadro II).
Un comunicado de prensa de un
colectivo de organizaciones sociales, dado a conocer el 28 de febrero, señaló
categóricamente: « No es ningún secreto el funcionamiento de aparatos
clandestinos de seguridad que operan directamente vinculados al sistema de
seguridad en Guatemala, fortalecidos ante la falta de depuración en la
Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército…
...Lo aparentemente novedoso es
que dichos aparatos actúan en el esquema funcional y orgánico de tales
instituciones, con el conocimiento, consentimiento y al amparo del gabinete
de seguridad, integrado por los ministerios de Gobernación y Defensa, así
como por la PNC … ...Este extremo ha sido del conocimiento de diputados,
exfuncionarios y precandidatos como Otto Pérez Molina y Alejandro Giammattei,
quienes durante su desempeño guardaron silencio cómplice al respecto,
mientras que ahora hacen denuncias públicas con fines electoreros .»
*Hay evidencias que
vinculan al Estado Mayor Presidencial ( EMP
) con el asesinato, en 1994, del
juez Edgar Ramiro Elías Ogalde. Ese
año Pérez Molina estaba a cargo de
esta instancia. (Fuentes: «Poderes Ocultos». Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
–WOLA- . 2004. The
Nation , 17 de abril de 1995).
FRACASO
DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD. Los
hechos recientes han llevado a muchos analistas a señalar el fracaso de la
política de seguridad del
gobierno de Berger .
Actualmente, en los altos rangos de
la PNC fungen 30 militares,
contraviniendo los Acuerdos de Paz, los cuales estipulan la necesidad de
separar las funciones del Ejército y la PNC
( Inforpress
1659 ).
El informe de la Fundación Mack
Guatemala: institucionalidad bajo acecho indica que desde que se formó la
nueva PNC , en 1997, no se realizó
un reciclaje minucioso de agentes vinculados al crimen organizado y a
violaciones de derechos humanos.
La activista Claudia Samayoa , del Movimiento Nacional por los Derechos
Humanos, considera que “la militarización dentro de la PNC es un signo del deterioro en
materia de gobernabilidad manifestado por el actual gobierno” ( elPeriódico ,
14/11/06).
La portavoz de la Instancia de
Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública ( IMASP ), Verónica Godoy ,
coincide con Samayoa y señala que
no ha existido una política de depuración policial bajo la administración de Berger : “La depuración tiene que ser un
proceso vinculado al control interno. Además tienen que haber procesos de supervisión
dentro de la policía y procesos de selección. No se trata sólo de sacar a la
gente sino de ir formulando nuevos cuadros.”
Tras el asesinato de los policías, el
ministro de Gobernación, Carlos
Vielmann , propuso la aprobación de una ley, similar a la que se aprobó
en Colombia para dar potestad a la máxima autoridad de la policía para
destituir sin causa justificada, lo cual podría considerarse como un
desesperado intento de salvar la credibilidad de la PNC . Sin embargo, Godoy advierte
que esta política “daría margen a destituciones sumarias ” y no
garantiza una depuración efectiva “ya que la gente se iría por
sospecha.”
Pero mientras una ley de ese tipo se
materializa, las presiones políticas se agudizan. Las declaraciones del
presidente salvadoreño Antonio Saca ,
quien desde Washington D.C., aseguró esta semana que “Hay
autoridades de Guatemala que deben ser llevadas a la justicia y eso es lo que
le hemos pedido con todo respeto al presidente Berger, que llegue hasta las
últimas consecuencias”, evidencia la creciente presión del país
vecino contra el presidente Berger .
Entrevistado por la cadena
Telecorporación Salvadoreña ( TCS )
de Washington D.C., Saca
fue enfático: «aquí no nos chupamos el dedo, aquí hay autoridades
involucradas, hay gente de alto nivel y debemos investigar quiénes son los
asesinos intelectuales de los diputados y de los policías.»
En su periplo, Saca también logró que el presidente estadounidense George Bush , se pronunciara al
respecto, al pedir que el crimen de los diputados se esclarezca. Se espera
que durante la visita de Bush ,
programada para el 11 de marzo, la seguridad será un tema prioritario en las
pláticas, y el tema de los asesinatos saldrá a flote.
EXHORTAN
RATIFICACIÓN DE LA CICIG. Los
asesinatos y la evidencia de estructuras parapoliciales, retomó con más
fuerza que nunca el tema de la aprobación Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala ( CICIG ).
Diversas organizaciones de derechos
humanos han exhortado al Congreso a ratificar de urgencia nacional la CICIG , entidad que actuará bajo la
responsabilidad de las Naciones Unidas y cuyo objetivo será apoyar a las
instituciones guatemaltecas encargadas de la investigación y la persecución
penal de delitos presuntamente cometidos por los cuerpos ilegales y aparatos
clandestinos de seguridad.
Frank
La Rue , titular de la
Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de
Derechos Humanos ( COPREDEH ),
argumenta que los últimos sucesos evidencian el fortalecimiento de los cuerpos
ilegales de seguridad y muestran las debilidades de la PNC , del MP , y de
los sistemas de justicia y penitenciario, que no pueden resolverse sin el
apoyo internacional porque el crimen organizado trasciende las fronteras
guatemaltecas ( Cerigua
, 27/2/07).
Varios analistas también señalan que
a través de la CICIG la comunidad
internacional podría ejercer presión sobre el Estado guatemalteco,
condicionando el otorgamiento de fondos de cooperación a una depuración
drástica de todos los aparatos estatales que han sido infiltrados por el
crimen organizado.
Edgar
Gutiérrez, por otra parte,
mostró escepticismo ante la posibilidad de que la CICIG pueda incidir en el desmantelamiento de los grupos
clandestinos que operan en el país: «A estas alturas la CICIG me parece
desfasada. Ya mostramos un rasgo del
«estado fallido»: no hay interlocutores oficiales fiables para la comunidad
internacional en materia de seguridad. ¿En qué útero se prendería y en qué
vientre crecería la CICIG ? La PNC ? Impensable. El MP es como
una telaraña; atraparía a la CICIG como
a una mosca,» dijo el ex-canciller.
A su criterio, se necesita «un pacto de
seguridad para el siglo XXI» para que un nuevo gobierno pueda
combatir eficazmente la criminalidad. Pero debido a la actual composición de
las fuerzas políticas, Gutiérrez considera
ese escenario como
«remoto».
Louisa Reynolds
LA ENIGMÁTICA FIGURA DE VÍCTOR
RIVERA
La firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador y Guatemala lo llevó de regreso a
ambos países y bajo las mismas circunstancias: los empresarios y los
ministros de seguridad interna lo financiaban y protegían. Se trata de Víctor Rivera , quien según un
análisis de Fundadesc ( Informe Guatemala No.62), es un antiguo jefe
de inteligencia de los gobiernos del
Partido Demócrata Cristiano ( COPEI )
de Venezuela.
Rivera
, quien estuvo en el
interrogatorio que se le hizo en el MP
de Guatemala al quinto policía capturado señalado del asesinato de los
diputados ( Siglo
Veintiuno , 1/3/07), llegó a Centroamérica en 1983, para asesorar
en materia de seguridad al gobierno de Napoleón
Duarte en El Salvador, y permaneció en ese país hasta 1987, en pleno
fragor de la guerra civil. Dice Rivera:
« Trabajé
en los años de 1983 a 1987 en el manejo de asesoría para las estructuras de
seguridad pública y a partir de 1992 regresé nuevamente, en un programa de
asesoría a las estructuras de seguridad.» ( Siglo
Veintiuno 5/8/97) .
Retornó a El Salvador tras la firma de los
Acuerdos de Paz, en 1992, y permaneció hasta 1996. Con la firma de la paz en Guatemala, fue llamado por el
gobierno de Álvaro Arzú , en 1997.
Mientras estuvo en El Salvador,
también fungió como
asesor en seguridad de la administración de Ramiro de León Carpio .
Desde su llegada a Guatemala, en
1997, y tras adoptar la nacionalidad guatemalteca, ha sido asesor de
seguridad de los gobiernos de Portillo
, y ahora de Berger convirtiéndose
en «el
referente de seguridad de las élites ante las carencias del Estado.» Bajo
el gobierno de Berger su
influencia ha sido aún más directa y notable, afirma Fundadesc.
La figura de Rivera tomó vuelo tras los escándalos políticos ocurridos en
ambos países, en 1997, al salir a luz pública denuncias de la Procuraduría de
Derechos Humanos de El Salvador sobre la existencia de « estructuras
paralelas » que estaban fuera del esquema jerárquico de la
Policía Nacional Civil ( PNC ),
cuyo director Rodrigo Ávila , y
quien en la actualidad sigue en ese cargo, negó conocer al igual que a Rivera .
Muy conocido bajo el sobrenombre de «
Comisario
Zacarías », Rivera tuvo
a su mando una unidad de inteligencia que investigaba casos de secuestros de
empresarios y familias acomodadas en El Salvador.
Dicha unidad fue considerada ilegal y
clandestina, y fue disuelta en 1997, tras denuncias de su existencia. Operaba
en un edificio propiedad del
entonces ministro de Seguridad Pública, Hugo
Barrera .
En el lugar, se encontraron granadas
y detonadores de explosivos, los cuales un capitán de la policía adujo que
eran resultado de allanamientos, pero nunca fueron reportados oficialmente ( Inforpress 25/7/97,
15/8/97, 22/8/97, 23/10/98 y 20/10/2000).
Tras el cierre de la unidad, se
descubrió la existencia de dos aparatos paramilitares que estaban bajo su
mando ( The
Times Picayune , 23/11/97). Para ese momento, Rivera ya estaba trabajando para el
ministerio de Gobernación de Guatemala,
a cargo de Rodolfo Mendoza .
Esa unidad de inteligencia
salvadoreña, también se encargaba de desviar investigaciones sobre
secuestros, y fue igualmente vinculada a grupos de secuestradores. El caso
emblemático y que llevó al estallido político, fue el del
asesinato del
joven Manuel Adriano Vilanova Velver .
Rivera siempre insistió que Vilanova murió a consecuencia de un
accidente de tránsito. Sin embargo, se descubrió que fueron cinco policías
los asesinos, quienes además lo torturaron. Los agentes fueron llevados a
juicio y condenados a prisión. Pero nunca se supo de los actores
intelectuales. Durante el juicio trascendió que Vilanova pretendía a una hija de Roberto D´Aubuisson , ya fallecido para ese momento, y cuya
familia se oponía a esa relación ( Inforpress 23/10/98).
Ya en Guatemala, en 1997, denuncias
del dirigente del grupo Guardianes del Vecindario, Óscar Recinos , evidenciaron la existencia de una oficina bajo el
mando de Rivera , a cargo de
investigaciones paralelas de casos de secuestros de alto impacto ( Siglo
Veintiuno 5/8//97. Proceso No.769, 13/8/97).
Al igual que en El Salvador, Rivera llegó a Guatemala
contratado por poderosos empresarios y con la protección del ministerio de Gobernación, y sus
investigaciones no eran compartidas con el MP de Guatemala, e igualmente eran desviadas.
En esos días también trascendió que
el viceministro de Gobernación, Salvador
Gándara (actual alcalde del municipio de
Villa Nueva), negó la existencia de esa oficina y dijo no conocer a Rivera , pero el ministro Mendoza aseguró lo contrario y afirmó que su
despacho lo había contratado. En una entrevista hecha por Siglo
Veintiuno (5/8/97), Rivera
dijo « Nosotros
—respondió el venezolano Rivera— somos una fuerza de tarea muy pequeña, un
grupo de personas muy reducido; un grupo local formado eminentemente de
ciudadanos guatemaltecos donde tengo la suerte de participar y hacer equipo.
Como lo comentábamos anteriormente, fueron algunas personas del sector privado
quienes nos contactaron y, por supuesto, al implementarse la fuerza de tarea
local, eso implicaba gastos de personal y funcionamiento que son sufragados
por el sector privado… Estrictamente hablando, la tarea es como
asesor del Ministerio de Gobernación y en
buena medida los gastos que conlleva esa función se sufragan con aportes del sector privado ».
A Rivera también se le recuerda en el gobierno de Alfonso Portillo , por haber estado
presente, conjuntamente con el ministro de Gobernación, Adolfo Reyes Calderón , durante los disturbios del llamado « Jueves Negro
» en 2003, en el área del edificio Centro Empresarial. A finales
de año, se supo que Rivera fue el
encargado de investigar el secuestro de Sonia
Rojas y Olivier Baruk , de
nacionalidad colombiano-francesa, ocurrido en Sololá, del cual nunca se supo su desenlace ( AP ,
27/12/07).
El nombre de Rivera volvió a sonar en octubre de 2005, tras la fuga de 19
presos de la prisión de alta seguridad de Escuintla, El
Infiernito .
El caso puso al desnudo la crisis del sistema
penitenciario, y por lo cual fue nombrado director de Presidios, Alejandro Giammattei , con el
propósito de reestructurarlo. La recaptura de los fugados estuvo a cargo de Rivera ( Prensa Libre ,
23/12/05).
Finalmente, a Rivera se le vincula con el grupo policial que tomó las
instalaciones de la Granja Penal de Pavón, en 2006, acción en la que la
Procuraduría de Derechos Humanos denunció se cometieron violaciones a los
derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales.
Luis
Solano
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