Asesinatos develan estructura parapolicial ilegal

Edición : 1694 

Publicado : 02/03/2007  

 

GUATEMALA/EL SALVADOR

• Crimen contra diputados y policías demuestra connivencia de autoridades de seguridad

• Otto Pérez Molina: escuadrones de la muerte operan al interior de la PNC y el Ministerio de Gobernación

• Analistas señalan descomposición de un Estado capturado por el crimen organizado

El asesinato de tres diputados salvadoreños y su chofer, y la posterior ejecución de cuatro policías guatemaltecos sindicados por las autoridades guatemaltecas de ser los autores materiales del crimen, evidenció el colapso de un Estado capturado por poderes ocultos y aparatos clandestinos. Los agentes integraban una unidad para combatir el crimen organizado. Con su muerte se puso en alto riesgo el proceso judicial en el que eran testigos claves para la investigación de la muerte de los parlamentarios. La brutalidad de la ejecución de los agentes policiales – los cuerpos presentaban heridas de bala de alto calibre y fueron degollados – y la imposibilidad de que el crimen se haya cometido sin la connivencia de las autoridades penitenciarias ha despertado sospechas de que la matanza, en realidad, fue cometida por escuadrones de la muerte que operan al interior de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio de Gobernación. Sin embargo, las máximas instancias de seguridad no reconocen, por ahora, esas presunciones (ver nota en esta edición).

SE ABREN NUEVOS HOYOS PARA TAPAR OTROS . Los agentes policiales Luis Arturo Herrera López, José Korki López Arreaga, José Adolfo Gutiérrez y Marvin Langen Escobar Méndez fueron asesinados dentro del penal de máxima seguridad El Boquerón , Santa Rosa, el 25 de febrero.

Tras el crimen se barajaron varias hipótesis. En primera instancia, un grupo de pandilleros se atribuyó el crimen, aduciendo que no querían dentro del penal a agentes de la Policía Nacional Civil ( PNC) comprometidos con la represión a las pandillas. El temor a que se produjera una limpieza social, les hizo montar un motín dentro del presidio. Sin embargo, otros reclusos y familiares que se encontraban de visita, aseguran que la guardia de presidios los sacó del penal minutos antes de que la visita terminara, por la guardia de Presidios con el argumento de que harían una requisa.

Poco después, se escucharon disparos en el interior del penal. Los testigos afirmaron que vieron entrar un auto a esa cárcel del cual descendieron tres hombres ( Prensa Libre , 26/2/07). Esto condujo a la hipótesis de que se trató de un comando que actuó bajo un manto de impunidad total.

El caso tiene profundas implicaciones políticas tanto en Guatemala como en El Salvador, ya que después de su captura los policías asesinados habían declarado que fueron contratados para asesinar a los tres diputados del Parlamento Centroamericano ( PARLACEN ) por un grupo de narcotraficantes de Jutiapa, vinculados a una prominente figura política en El Salvador ( Siglo Veintiuno , 24/2/07).

El crimen se registró horas antes de que expertos de la Oficina Federal de Investigaciones estadounidense ( FBI , por sus siglas en inglés) iniciaran pesquisas sobre el asesinato de los diputados y cuando se aprestaban a interrogar a los policías.

El director de la PNC de El Salvador, Rodrigo Ávila , sostiene que los asesinatos de los policías tenían como objetivo «evitar que se abra la caja de Pandora y se descubran hechos muy graves ocurridos en Guatemala relacionados con el crimen organizado». Ávila , declaró a diversos medios de prensa que «No me cabe duda de que las persona que asesinaron a nuestros diputados lo habían hecho antes con otras personas. Se estaba abriendo una caja de Pandora y se ha querido tratar de cerrarla, pero se debe hacer el esfuerzo por abrirla y se destape toda esa corrupción» .

A las declaraciones del gobierno guatemalteco que han sido confusas y contradictorias, se añaden las diferentes versiones de los hechos presentados por los medios de comunicación en Guatemala y El Salvador.

Un aspecto sobre el cual los medios guatemaltecos han guardado silencio es la participación de la PNC salvadoreña en la captura de los cuatro policías guatemaltecos, tal como el presidente salvadoreño Elías Antonio Saca dio a conocer en su estadía en Washington D.C., esta semana. Esa participación, se podría interpretar como una muestra de la falta de control de las autoridades guatemaltecas en el manejo del caso.

 

ESCUADRONES DE LA MUERTE : VERDAD DE PEROGRULLO . La versión inicial del Ministerio Público de Guatemala ( MP), que apuntaba a un grupo de pandilleros como presuntos autores de la ejecución de los agentes detenidos, no tardó en desmoronarse ya que parecía evidente que el asesinato sólo pudo haberse cometido en connivencia con el sistema penitenciario.

La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Beatrice de Carrillo , expresó que «ninguna jefatura máxima de la policía se atrevería a mandar un comando a una cárcel de alta seguridad» , y añadió que «hay algunos con poder tan grande, que pueden permitirse este lujo y también que tienen tanto miedo a la verdad que prefieren la consecuencia de un hecho como éste a que se descubra la verdad» ( EFE , 26/2/07).

Pero el director de la PNC de El Salvador, Rodrigo Ávila , puso el dedo en la llaga cuando aseguró, esta semana, que los policías formaban parte de un grupo que «tiene un nivel estructural bastante poderoso» .

Un día después de los sucesos de El Boquerón , el candidato del Partido Patriota ( PP ), Otto Pérez Molina , declaró en conferencia de prensa que existen dos escuadrones de la muerte dentro del Ministerio de Gobernación: uno, al servicio del ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, y dirigido por uno de sus principales asesores, cuyo nombre prefirió omitir; el otro, que opera dentro de la PNC al servicio del director general de la PNC , Erwin Sperissen .

Uno de estos escuadrones, aseveró Pérez Molina , fue el encargado de ejecutar a los cuatro ex agentes de la PNC ( La Hora , 27/2/07) .

El candidato del PP, quien presentó una denuncia contra el Ministerio de Gobernación ante el MP, ha sido señalado de aprovechar la coyuntura con fines políticos.

Cabe recordar que Pérez Molina estuvo a cargo de la Dirección de Inteligencia Militar ( D2 ), entre 1992 y 1993, y se vio implicado en varios casos de violaciones de derechos humanos cuando fue Jefe del Estado Mayor Presidencial ( EMP ) durante el gobierno de Ramiro de León Carpio .*

Hasta ahora, Pérez Molina se ha negado a nombrar a los presuntos implicados. Sin embargo, en sus acusaciones se han dejado entrever denuncias no corroboradas contra el subdirector de la PNC , Javier Figueroa , y el asesor del Ministro de Gobernación, el venezolano-guatemalteco, Víctor Rivera (ver recuadro I).

Edgar Gutiérrez , ex canciller bajo la administración de Portillo y candidato presidencial del Frente por la Democracia , dijo a Inforpress desconocer pruebas que vinculen a Rivera con escuadrones de la muerte, pero señaló que sus políticas «debilitaron las instituciones de seguridad» al trasladar a entes privados funciones irrenunciables del Estado en materia de inteligencia y seguridad. «Al final crearon un «Frankenstein» que está dando señales, más allá de Guatemala, de su irresistible impunidad ,» sostiene Gutiérrez .

Al final, la existencia de estructuras paralelas y escuadrones de la muerte, parecen finalmente salir a luz (ver recuadro II).

Un comunicado de prensa de un colectivo de organizaciones sociales, dado a conocer el 28 de febrero, señaló categóricamente: « No es ningún secreto el funcionamiento de aparatos clandestinos de seguridad que operan directamente vinculados al sistema de seguridad en Guatemala, fortalecidos ante la falta de depuración en la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército…

...Lo aparentemente novedoso es que dichos aparatos actúan en el esquema funcional y orgánico de tales instituciones, con el conocimiento, consentimiento y al amparo del gabinete de seguridad, integrado por los ministerios de Gobernación y Defensa, así como por la PNC … ...Este extremo ha sido del conocimiento de diputados, exfuncionarios y precandidatos como Otto Pérez Molina y Alejandro Giammattei, quienes durante su desempeño guardaron silencio cómplice al respecto, mientras que ahora hacen denuncias públicas con fines electoreros


*Hay evidencias que vinculan al Estado Mayor Presidencial ( EMP ) con el asesinato, en 1994, del juez Edgar Ramiro Elías Ogalde. Ese año Pérez Molina estaba a cargo de esta instancia. (Fuentes: «Poderes Ocultos». Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos –WOLA- . 2004. The Nation , 17 de abril de 1995).

FRACASO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD. Los hechos recientes han llevado a muchos analistas a señalar el fracaso de la política de seguridad del gobierno de Berger .

Actualmente, en los altos rangos de la PNC fungen 30 militares, contraviniendo los Acuerdos de Paz, los cuales estipulan la necesidad de separar las funciones del Ejército y la PNC ( Inforpress 1659 ).

El informe de la Fundación Mack Guatemala: institucionalidad bajo acecho indica que desde que se formó la nueva PNC , en 1997, no se realizó un reciclaje minucioso de agentes vinculados al crimen organizado y a violaciones de derechos humanos.

La activista Claudia Samayoa , del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos, considera que “la militarización dentro de la PNC es un signo del deterioro en materia de gobernabilidad manifestado por el actual gobierno” ( elPeriódico , 14/11/06).

La portavoz de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública ( IMASP ), Verónica Godoy , coincide con Samayoa y señala que no ha existido una política de depuración policial bajo la administración de Berger : “La depuración tiene que ser un proceso vinculado al control interno. Además tienen que haber procesos de supervisión dentro de la policía y procesos de selección. No se trata sólo de sacar a la gente sino de ir formulando nuevos cuadros.”

Tras el asesinato de los policías, el ministro de Gobernación, Carlos Vielmann , propuso la aprobación de una ley, similar a la que se aprobó en Colombia para dar potestad a la máxima autoridad de la policía para destituir sin causa justificada, lo cual podría considerarse como un desesperado intento de salvar la credibilidad de la PNC . Sin embargo, Godoy advierte que esta política “daría margen a destituciones sumarias ” y no garantiza una depuración efectiva “ya que la gente se iría por sospecha.”

Pero mientras una ley de ese tipo se materializa, las presiones políticas se agudizan. Las declaraciones del presidente salvadoreño Antonio Saca , quien desde Washington D.C., aseguró esta semana que “Hay autoridades de Guatemala que deben ser llevadas a la justicia y eso es lo que le hemos pedido con todo respeto al presidente Berger, que llegue hasta las últimas consecuencias”, evidencia la creciente presión del país vecino contra el presidente Berger .

Entrevistado por la cadena Telecorporación Salvadoreña ( TCS ) de Washington D.C., Saca fue enfático: «aquí no nos chupamos el dedo, aquí hay autoridades involucradas, hay gente de alto nivel y debemos investigar quiénes son los asesinos intelectuales de los diputados y de los policías.»

En su periplo, Saca también logró que el presidente estadounidense George Bush , se pronunciara al respecto, al pedir que el crimen de los diputados se esclarezca. Se espera que durante la visita de Bush , programada para el 11 de marzo, la seguridad será un tema prioritario en las pláticas, y el tema de los asesinatos saldrá a flote.

EXHORTAN RATIFICACIÓN DE LA CICIG. Los asesinatos y la evidencia de estructuras parapoliciales, retomó con más fuerza que nunca el tema de la aprobación Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ( CICIG ).

Diversas organizaciones de derechos humanos han exhortado al Congreso a ratificar de urgencia nacional la CICIG , entidad que actuará bajo la responsabilidad de las Naciones Unidas y cuyo objetivo será apoyar a las instituciones guatemaltecas encargadas de la investigación y la persecución penal de delitos presuntamente cometidos por los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.

Frank La Rue , titular de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos ( COPREDEH ), argumenta que los últimos sucesos evidencian el fortalecimiento de los cuerpos ilegales de seguridad y muestran las debilidades de la PNC , del MP , y de los sistemas de justicia y penitenciario, que no pueden resolverse sin el apoyo internacional porque el crimen organizado trasciende las fronteras guatemaltecas ( Cerigua , 27/2/07).

Varios analistas también señalan que a través de la CICIG la comunidad internacional podría ejercer presión sobre el Estado guatemalteco, condicionando el otorgamiento de fondos de cooperación a una depuración drástica de todos los aparatos estatales que han sido infiltrados por el crimen organizado.

Edgar Gutiérrez, por otra parte, mostró escepticismo ante la posibilidad de que la CICIG pueda incidir en el desmantelamiento de los grupos clandestinos que operan en el país: «A estas alturas la CICIG me parece desfasada. Ya mostramos un rasgo del «estado fallido»: no hay interlocutores oficiales fiables para la comunidad internacional en materia de seguridad. ¿En qué útero se prendería y en qué vientre crecería la CICIG ? La PNC ? Impensable. El MP es como una telaraña; atraparía a la CICIG como a una mosca,» dijo el ex-canciller.

 A su criterio, se necesita «un pacto de seguridad para el siglo XXI» para que un nuevo gobierno pueda combatir eficazmente la criminalidad. Pero debido a la actual composición de las fuerzas políticas, Gutiérrez considera ese escenario como «remoto».

Louisa Reynolds

 

LA ENIGMÁTICA FIGURA DE VÍCTOR RIVERA

La firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador y Guatemala lo llevó de regreso a ambos países y bajo las mismas circunstancias: los empresarios y los ministros de seguridad interna lo financiaban y protegían. Se trata de Víctor Rivera , quien según un análisis de Fundadesc ( Informe Guatemala No.62), es un antiguo jefe de inteligencia de los gobiernos del Partido Demócrata Cristiano ( COPEI ) de Venezuela.

Rivera , quien estuvo en el interrogatorio que se le hizo en el MP de Guatemala al quinto policía capturado señalado del asesinato de los diputados ( Siglo Veintiuno , 1/3/07), llegó a Centroamérica en 1983, para asesorar en materia de seguridad al gobierno de Napoleón Duarte en El Salvador, y permaneció en ese país hasta 1987, en pleno fragor de la guerra civil. Dice Rivera: « Trabajé en los años de 1983 a 1987 en el manejo de asesoría para las estructuras de seguridad pública y a partir de 1992 regresé nuevamente, en un programa de asesoría a las estructuras de seguridad.» ( Siglo Veintiuno 5/8/97) .

Retornó a El Salvador tras la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, y permaneció hasta 1996. Con la firma de la paz en Guatemala, fue llamado por el gobierno de Álvaro Arzú , en 1997. Mientras estuvo en El Salvador, también fungió como asesor en seguridad de la administración de Ramiro de León Carpio .

Desde su llegada a Guatemala, en 1997, y tras adoptar la nacionalidad guatemalteca, ha sido asesor de seguridad de los gobiernos de Portillo , y ahora de Berger convirtiéndose en «el referente de seguridad de las élites ante las carencias del Estado.» Bajo el gobierno de Berger su influencia ha sido aún más directa y notable, afirma Fundadesc.

La figura de Rivera tomó vuelo tras los escándalos políticos ocurridos en ambos países, en 1997, al salir a luz pública denuncias de la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador sobre la existencia de « estructuras paralelas » que estaban fuera del esquema jerárquico de la Policía Nacional Civil ( PNC ), cuyo director Rodrigo Ávila , y quien en la actualidad sigue en ese cargo, negó conocer al igual que a Rivera .

Muy conocido bajo el sobrenombre de « Comisario Zacarías », Rivera tuvo a su mando una unidad de inteligencia que investigaba casos de secuestros de empresarios y familias acomodadas en El Salvador.

Dicha unidad fue considerada ilegal y clandestina, y fue disuelta en 1997, tras denuncias de su existencia. Operaba en un edificio propiedad del entonces ministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera .

En el lugar, se encontraron granadas y detonadores de explosivos, los cuales un capitán de la policía adujo que eran resultado de allanamientos, pero nunca fueron reportados oficialmente ( Inforpress 25/7/97, 15/8/97, 22/8/97, 23/10/98 y 20/10/2000).

Tras el cierre de la unidad, se descubrió la existencia de dos aparatos paramilitares que estaban bajo su mando ( The Times Picayune , 23/11/97). Para ese momento, Rivera ya estaba trabajando para el ministerio de Gobernación de Guatemala, a cargo de Rodolfo Mendoza .

Esa unidad de inteligencia salvadoreña, también se encargaba de desviar investigaciones sobre secuestros, y fue igualmente vinculada a grupos de secuestradores. El caso emblemático y que llevó al estallido político, fue el del asesinato del joven Manuel Adriano Vilanova Velver . Rivera siempre insistió que Vilanova murió a consecuencia de un accidente de tránsito. Sin embargo, se descubrió que fueron cinco policías los asesinos, quienes además lo torturaron. Los agentes fueron llevados a juicio y condenados a prisión. Pero nunca se supo de los actores intelectuales. Durante el juicio trascendió que Vilanova pretendía a una hija de Roberto D´Aubuisson , ya fallecido para ese momento, y cuya familia se oponía a esa relación ( Inforpress 23/10/98).

Ya en Guatemala, en 1997, denuncias del dirigente del grupo Guardianes del Vecindario, Óscar Recinos , evidenciaron la existencia de una oficina bajo el mando de Rivera , a cargo de investigaciones paralelas de casos de secuestros de alto impacto ( Siglo Veintiuno 5/8//97. Proceso No.769, 13/8/97).

Al igual que en El Salvador, Rivera llegó a Guatemala contratado por poderosos empresarios y con la protección del ministerio de Gobernación, y sus investigaciones no eran compartidas con el MP de Guatemala, e igualmente eran desviadas.

En esos días también trascendió que el viceministro de Gobernación, Salvador Gándara (actual alcalde del municipio de Villa Nueva), negó la existencia de esa oficina y dijo no conocer a Rivera , pero el ministro Mendoza aseguró lo contrario y afirmó que su despacho lo había contratado. En una entrevista hecha por Siglo Veintiuno (5/8/97), Rivera dijo « Nosotros —respondió el venezolano Rivera— somos una fuerza de tarea muy pequeña, un grupo de personas muy reducido; un grupo local formado eminentemente de ciudadanos guatemaltecos donde tengo la suerte de participar y hacer equipo. Como lo comentábamos anteriormente, fueron algunas personas del sector privado quienes nos contactaron y, por supuesto, al implementarse la fuerza de tarea local, eso implicaba gastos de personal y funcionamiento que son sufragados por el sector privado… Estrictamente hablando, la tarea es como asesor del Ministerio de Gobernación y en buena medida los gastos que conlleva esa función se sufragan con aportes del sector privado ».

A Rivera también se le recuerda en el gobierno de Alfonso Portillo , por haber estado presente, conjuntamente con el ministro de Gobernación, Adolfo Reyes Calderón , durante los disturbios del llamado « Jueves Negro » en 2003, en el área del edificio Centro Empresarial. A finales de año, se supo que Rivera fue el encargado de investigar el secuestro de Sonia Rojas y Olivier Baruk , de nacionalidad colombiano-francesa, ocurrido en Sololá, del cual nunca se supo su desenlace ( AP , 27/12/07).

El nombre de Rivera volvió a sonar en octubre de 2005, tras la fuga de 19 presos de la prisión de alta seguridad de Escuintla, El Infiernito .

El caso puso al desnudo la crisis del sistema penitenciario, y por lo cual fue nombrado director de Presidios, Alejandro Giammattei , con el propósito de reestructurarlo. La recaptura de los fugados estuvo a cargo de Rivera ( Prensa Libre , 23/12/05).

Finalmente, a Rivera se le vincula con el grupo policial que tomó las instalaciones de la Granja Penal de Pavón, en 2006, acción en la que la Procuraduría de Derechos Humanos denunció se cometieron violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales.

Luis Solano

 

 

 

 

 

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